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Buscan indemnización por minería submarina; empresa va a tribunales internacionales

Los pescadores cada vez están más en contra, porque afirman que el dragado los va a afectar

Don Diego, el proyecto de minería submarina en Baja California Sur, que se niega a morir, va por su tercer round, después de que el gobierno de México le dijo NO en dos ocasiones a la autorización de manifestación de impacto ambiental.

La intención de la empresa originaria de Tampa, Estados Unidos, es dragar el fondo marino de la región conocida como el golfo de Ulloa en la costa del Pacífico Norte, para extraer el codiciado fosfato, una especie de chapopote, que es la materia prima para fabricar fertilizantes.

“Sería el tercer round de Don Diego, y los pescadores cada vez estamos más en contra, porque la gente sabe que la mina nos va a perjudicar”, aseguró Tomás Camacho, integrante de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale.

La primera negativa para Don Diego llegó en abril de 2016, y la segunda en octubre de 2018, luego de que Odyssey Marine Exploration impugnó el primer resolutivo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reponer el proceso de evaluación, que al final arrojó el mismo resultado en contra.

El principal argumento de México para no autorizar el proyecto fue la aplicación del principio precautorio ante posibles daños al medio ambiente, especies marinas protegidas como las ballenas y tortugas, así como impactos a las pesquerías de langosta, pulpo, abulón, lenguado, curvina, mero y garropa.

En una reciente conferencia de prensa virtual, la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, advirtió que los depósitos minerales en los fondos marinos se encuentran en medio de una gran biodiversidad y las labores de explotación crean plumas de sedimento que pueden durar años antes de asentarse nuevamente.

Alertó que las afectaciones se extienden más allá del punto de extracción, interrumpiendo procesos biológicos importantes para la vida, por lo que indicó que la recomendación es aplicar precisamente “el principio precautorio en su sentido más amplio, por el peligro del daño grave e irreversible y la falta de certeza científica y tecnológica en la minería submarina”.

Indemnización millonaria

No satisfecha con la doble negativa en la entrega de permisos ambientales, la firma de cazadores de tesoros submarinos acudió a un arbitraje internacional para exigir a México el pago de una indemnización de alrededor de 72 mil 240 millones de pesos, que equivalen a casi dos veces el presupuesto anual de toda la Semarnat y sus órganos desconcentrados.

Mario Sánchez, director regional Noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), explicó que desde septiembre de 2020, inició el proceso de arbitraje internacional bajo el capítulo 11 del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“A través de este procedimiento, Odyssey solicita a México la cantidad de dos mil 600 millones de dólares, más un interés del 14 por ciento anual, más en su momento, de resultar ganadores, el pago de peritajes y de todo el litigio, por lo que podríamos estar hablando de una cantidad de tres mil 500 millones de dólares”, precisó.

Odyssey reclama un supuesto bloqueo al proyecto Don Diego, porque sostiene que no hubo piso parejo, ni un trato justo y equitativo para sus inversionistas, así como una expropiación por la vía de hechos de la concesión minera que en su momento le entregó la Secretaría de Economía.

De acuerdo con el calendario procesal, entre el 24 y 28 de enero próximos se realizará la audiencia para conocer el veredicto final.

Ante este panorama, surgen voces como la de Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, que pide al gobierno mexicano no ceder a las presiones.

“La eventual multa no es una carta de negociación, ni una moneda de cambio, México debe mantenerse firme en la negativa de aprobar el proyecto, porque hay razones suficientes en materia ambiental”, manifestó.